La renovación del conflicto fue desastrosa. De acuerdo a Federico el Grande, la Guerra de los Siete Años produjo tanto como 853.000 bajas militares y cientos de miles de vidas civiles. Ambas, Inglaterra y Francia, se infligieron pesados daños económicos. Cuando la guerra terminó, Inglaterra enfrentó una deuda nacional de 136 millones de Libras esterlinas, la mayor parte de la cual fue contraída con una élite bancaria. Para pagar la deuda, el Parlamento inglés tuvo que levantar pesados impuestos en su propio país. Cuando los impuestos llegaron a ser demasiado altos, se colocaron aranceles sobre los bienes producidos e importados por las colonias americanas. Los aranceles se convirtieron rápidamente en un punto espinoso y delicado a tratar con los colonos americanos quienes comenzaron a resistirlos.
Otro cambio causado por la guerra fue el abandono de parte de los Hannover de su política de mantener un pequeño ejército estacionado en Gran Bretaña. Las fuerzas armadas de Inglaterra estaban extensamente expandidas. Esto produjo la necesidad de crear impuestos mucho más altos a los ciudadanos. Además, casi 6.000 elementos de tropas británica necesitaban mantenerse en América, donde estos frecuentemente estaban invadiendo los derechos de propiedad de los colonos, lo cual generaba más discordia colonial.
La cuarta consecuencia adversa de la guerra, al menos en la mente de los colonialistas, fue la capitulación de Inglaterra a las demandas de varias naciones indígenas americanas. Los indígenas americanos habían luchado al lado de los franceses debido a las usurpaciones e invasiones de los colonialistas británicos a los territorios indígenas. Después de la guerra francesa e indígena, la Corona emitió la proclamación de 1763 donde se ordenaba que la vasta región comprendida entre los montes Apalaches y el río Mississippi se convertiría en una extensa reservación indígena.
A los súbditos británicos no se les permitía asentarse allí sin autorización de la Corona. Esto fue lo que produjo la expansión acelerada y brusca hacia el Oeste.
La primera nueva medida impositiva colonial de los británicos se llevó a efecto en 1764. Esta medida se conoció como el Acta del Azúcar. Mediante ella se colocó aranceles a la madera, alimentos, ron y melaza. En los años siguientes, un nuevo impuesto, la Ley de Timbres, fue instaurado para ayudar el pago de las tropas británicas estacionadas en las colonias.
Muchos colonialistas objetaron fuertemente los impuestos y la forma como estos eran recolectados. Bajo la “ayuda del mandato judicial” británico, por ejemplo, los agentes de aduanas de la Corona podían investigar y allanar cualquier lugar que quisieran, en busca de bienes importados que estuvieran violando el Acta. Los agentes tenían poderes casi ilimitados para investigar e incautar sin notificación ni orden judicial.
En Octubre de 1765, una representación de las nueve colonias se reunieron en un
Congreso de Acta de Sello en New York. La asamblea pasó una declaración de los Derechos que expresaba su oposición al establecimiento de impuestos por el Parlamento Británico sin que hubiera alguna representación de las colonias americanas. La Declaración también se oponía a los juicios sin jurados llevados a cabo en la Corte del Almirantazgo Británico. Este acto de desafío fue parcialmente exitoso. El 17 de Marzo de 1766, cinco meses después de la reunión del Congreso del Acta de Sello, fue revocada el Acta de Sello.
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