Una de las necesidades más ingentes que los venezolanos tiene por resolver es el problema de la inseguridad.
Inseguridad es también, cuando el estado deja de actuar en el momento en que se producen violaciones a la integridad física de las personas, siendo responsabilidad de este, defender a los venezolanos, por lo tanto si no lo hace está violando los derechos humanos.
Pareciera estar sustentado en lo que se basa la política actual del gobierno, al cual le interesa que exista la inseguridad y así cerrar ese cerco de violación a la libertad personal de cada individuo.
El derecho a la propiedad privada está ahora en el limbo en Venezuela con ese adefesio aprobado por el tribunal supremo donde legitima el proceso de invasión, “invadir ahora no es delito, dijo”. Ir contra la propiedad de otras personas es y será siempre delito.
Aquí diera la impresión que con la despenalización de las invasiones el TSJ sistematiza la práctica de borrar los delitos cometidos por oficialistas con la idea de evitar enjuiciamientos en el futuro cuando pierdan el favor del pueblo.
Lamentablemente en Venezuela uno de los objetivos del gobierno, no es proteger a sus ciudadanos o darles mayor confort de vida, sino ir contra el poco nivel de vida que se ha logrado alcanzar, el tema político ha sido extremado, yendo más alla del resguardo de los bienes de cada ciudadano, progresivamente ha venido abordando el derecho a la propiedad.
El ataque a la propiedad privada es una persecución política, porque definitivamente el gobierno siente la necesidad de atacar a la disidencia y el derecho a la propiedad para mantener el control del poder.
Cada día es mayor el índice de asesinatos en Venezuela, estamos hablando de 1200 muertes violentas mensuales durante el año pasado. Veremos cómo remata el 2011, pero se tiene previsto que la cifra sea mayor, entonces se podría decir que la actuación del estado ha sido ineficiente a tal punto de convertirse en cómplice de la delincuencia en el país.
Las mafias que hacen vida en el país están ligadas a los cuerpos policiales, lo que les lleva a ser partícipes de la delincuencia organizada, y el gobierno tiene todas las posibilidades de detenerlas, pero esa detención, a su vez pararía la mafia que está creando el propio gobierno referente a las pandillas que violentan a la sociedad venezolana.
El brutal incremento de la violencia ha colocado a Venezuela como el cuarto país más violento del mundo. El observatorio venezolano de violencia registra la tasa de homicidios más alta de América Latina. El 85% de la población teme ser atracado en el transporte público. El CICPC reconoce que de enero a junio ocurrieron casi 9.000 homicidios, sin embargo cálculos extraoficiales revelan más de 10.000.
Venezuela además es punto de tránsito de la mayor parte de la cocaína que sale hacia Europa y Estados Unidos. El régimen ha sido negligente e inepto con la inseguridad.
Hay miles de denuncias de cómo, donde y cuando actúan los delincuentes que nos aterran con secuestros express, robos de celulares y arrebatones, pero el gobierno no actúa.
La violencia presenta rasgos de una crueldad cada vez más espantosa bajo la mirada indiferente del poder, cada día ingresan decenas de cadáveres a la morgue y el TSJ protege la violencia roja.
El desinterés oficial por la inseguridad es palpable, entre los niveles de presupuesto asignados la menor cantidad va dirigida al combate del delito.
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